Leonardo Garnier

El Financiero, 4/9/00

En 1997 reformamos la Constitución para garantizar que – por más miopes que fueran los gobiernos – no podrían dedicar menos del 6% del PIB a la educación.  Hoy sabemos que el PIB es un 30% más alto de lo que pensábamos.   Eso exige y amerita una mayor inversión educativa, que buena falta nos hace.  ¡Pero no!  Mediante un simple decreto ejecutivo se nos quiere hacer creer que la educación no debe recibir realmente el 6% del PIB... sino el 6% de lo que creíamos que era el PIB. 

¿Cómo así?  Tan simple como absurdo: se afirma que si bien ahora “existe una metodología alternativa para realizar esa medición, la cual parte de ponderaciones y precios con base en el año 1991” lo cierto es que “en el momento de emitirse la ley citada existía una metodología para calcular el PIB que consistía en la aplicación de los criterios de ponderación y precios con base 1966”.  Y entonces – sin siquiera sonrojarse – el gobierno se propone recortar el aumento de la inversión educativa y hacer aparecer este recorte como una muestra de su compromiso con la educación.  ¿Exagero?  Veamos el decreto:

“En virtud de que el sector educación es primordial para el Gobierno y buscando mejorar la asignación presupuestaria, se tiene como objetivo avanzar hacia la utilización de la metodología alternativa de cálculo del PIB como base para el cálculo del 6% asignado constitucionalmente (...).  Por tanto, (...)  “para determinar el monto del presupuesto de un determinado año que corresponde al 6% del PIB se tendrá como base la estimación del PIB de ese año.  La estimación será la correspondiente a la metodología vigente al momento de aprobarse la reforma constitucional”.  Finalmente, y como para guardar apariencias, se agrega: “El Poder Ejecutivo asignará a partir del año 2001, diez puntos porcentuales adicionales cada año, sobre la diferencia que hubiera entre las metodologías de cálculo del PIB, la que usa como base el año 1966 y la que usa como base el año 1991.  Este porcentaje se asignará por un plazo de diez años”.

Digamos las cosas como son.  No es cierto que existan dos metodologías alternativas para medir el PIB.  El Banco Central corrigió los errores de su vieja metodología, y mejoró así la medición del PIB.  Decir que como la reforma se aprobó en 1997 entonces el 6% del PIB debe calcularse con la vieja e incorrecta metodología es algo que nadie en su sano juicio puede decir... a menos que su intención sea aviesa.

El truco es tan obvio que, por disimularlo, el gobierno cae en su propia trampa:  si las metodologías en efecto fueran simplemente opcionales, y si fuera legítima la interpretación de usar la vieja metodología para calcular el 6% del PIB, entonces ¿por qué ir acercándonos por décimos a la nueva metodología?  Obviamente porque el propio gobierno reconoce que la nueva metodología refleja mejor el verdadero valor del PIB y reconoce – como todo el mundo – que la reforma constitucional se refiere realmente al 6% del PIB y no al 6% de lo que habría sido el PIB calculado con una metodología superada.

Con este decreto el gobierno comete dos pecados.  Uno, contra la educación y el desarrollo, al escatimar de manera ilegítima los recursos que la inversión educativa necesita y merece.  Otro contra la democracia, al violentar una decisión social elevada a norma constitucional, y al intentar disimular sus actos presentando un recorte a la inversión educativa como ejemplo de que la educación “es primordial para el Gobierno”.  En ambos casos, la falta es grave.  Frente a los pecados, sobre todo si son graves, lo que corresponde es un acto de contrición, propósito de enmienda y penitencia.  En este caso, como sociedad... debemos alzar la voz y exigir, al menos, la enmienda.