Leonardo Garnier

La Nación, 5/5/00

Todavía recuerdo cuando Herman Hess – entonces asesor en Mideplan – nos comentó con extrañeza algo que ninguno de nosotros había notado:  durante los últimos veinte años, el consumo de energía crecía sistemáticamente más rápido que la producción.  Discutimos de manera hipotética la posibilidad de que se estuviera subestimando el PIB, pero allí quedó la cosa.  Herman siguió dándole vuelta al asunto, y un tiempo después se puso de acuerdo con un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica para que evaluaran esas estadísticas económicas en su trabajo de graduación.  El resultado tendió a confirmar las sospechas que hoy, casi cuatro años después, el Banco Central oficializa luego de un cuidadoso análisis:  la producción nacional es un 30% mayor de lo que creíamos. 

¿Nos hace esto un 30% ricos?  Obviamente no.  Ninguna realidad cambia porque cambie su medición, pero una mejor medición ciertamente puede afectar nuestras acciones.  Nadie sube de peso porque una nueva romana le indique acuciosa que su verdadero peso es un 30% más alto; pero la nueva medición sí podría convencerlo de ponerse a dieta.  ¿Qué significa entonces, para nuestras acciones, que hoy sepamos que el PIB es un 30% más alto?

Por un lado, sugiere que algunos de los problemas macroeconómicos cuya gravedad suele calcularse con relación al PIB, son un poco menos graves de lo que habíamos pensado.  El déficit fiscal es un 3.3% del PIB, en lugar de un 4.4%.  El déficit en cuenta corriente es un 3.2% en lugar de un 4.2%.  La deuda interna no es el 36% del PIB, sino el 28%. Esto no significa que no tengamos problemas en esos campos, pero sí sugiere que algunas de las dietas que hicimos – o que nos han querido recetar – habrían sido excesivas. 

Claro que esto no es automático.  La política económica siempre se define en un debate, en un conflicto, en una negociación, tanto dentro como fuera del gobierno.  Y es en esa negociación que juegan un papel importante los indicadores.  Aunque no sepamos cuánto se afectó en definitiva la política económica, sí sabemos que algunos de esos indicadores reforzaron las posiciones de quienes apostaban por ajustes más fuertes. 

Por otro lado, el nuevo cálculo del PIB significa que hemos subestimado tanto la necesidad como la capacidad que tenemos para avanzar en cierto tipo de inversiones y – en particular – en la inversión educativa.  Y es que  aunque parezca absurdo, mientras cada vez es más evidente que ninguna inversión es tan importante, tan productiva, tan rentable como la inversión en educación, en los hechos las angustias fiscales de corto plazo terminan tragándose parte de los fondos que sabemos indispensables para esa inversión. 

Fue por eso que impulsamos una reforma constitucional que garantizara al menos el 6% del PIB para la educación.   Y esa no fue una reforma fácil de lograr, pues mucha gente – en especial muchos economistas – pensaban que eso de asignar recursos por vía constitucional no es una buena práctica. 

Creo que se equivocaban, y la reforma se aprobó.  Tal y como sospechábamos entonces, la nueva medición del PIB confirma su importancia.  Al igual que el decreto del Ministerio de Salud que para salvarnos la vida nos “obliga” a usar el cinturón de seguridad, esa reforma constitucional “nos obliga” hoy a invertir más en educación.  Es una decisión que probablemente todos sabemos correcta pero que, por el peso de la miopía fiscal, nunca lograríamos hacer efectiva si no fuera porque ayer supimos utilizar los instrumentos de la política para crear un mecanismo que hoy nos “obliga” a ello y, así, nos ayuda a salvar el principal instrumento de integración social y crecimiento económico con que contamos: la educación. 

En pocas palabras, si bien la nueva medición del PIB no hace que la producción nacional sea mayor, nos obligará a invertir más en educación, ¡y eso sí hará que la producción nacional sea mayor, más dinámica y más incluyente!