Leonardo Garnier

La República, 12/8/93

A muchos les ha causado desconcierto que, justo en el momento en que parecía abrirse una oportunidad para reformular los aspectos del PAE III que hacen difícil su aprobación legislativa, el Gobierno haya tomado la decisión de apresurar su envío a sesiones extraordinarias, lo que en la práctica equivale a enterrar el PAE III.

Esta actitud, sin embargo, no es nueva. Algo similar ocurrió hace poco más de un año, cuando en el seno de la COREC II los representantes de Liberación Nacional expresaron sus objeciones al PAE III que estaba negociando el gobierno con el Banco Mundial y el BID, y presentaron un proyecto alternativo que, si bien rescataba muchos de los aspectos del PAE del Gobierno, aportaba elementos importantes para promover la competitividad y el desarrollo social del país y, sobre todo, eliminaba aquellas condiciones que, por inadecuadas o inaceptables, parecían imposibles de cumplir. Aquel documento, que habría permitido iniciar un proceso serio de negociación sustantiva, nunca tuvo respuesta. El Gobierno se olvidó de la concertación y optó por negociar solamente con los organismos internacionales. Hoy, un año después, nos traen el PAE III ya aprobado por el Banco Mundial y el BID, con una actitud de ‘lo toma o lo deja’.

Ante esta situación, distintos voceros del Partido Liberación Nacional –incluyendo al Dr. Carlos Manuel Castillo y al Ing. José María Figueres—reiteraron públicamente las objeciones al PAE del Gobierno, y la urgencia de buscar modificaciones. Por un lado, se objetó la ambigüedad del contrato negociado, que incluye como condiciones la aprobación de diecisiete reformas legales importantes, sin que el país sepa de antemano a qué cambios se está comprometiendo. Por otro, se objetaron aspectos específicos del contrato, que eran claramente inconvenientes o, incluso, imposibles de cumplir. Entre otros, podemos mencionar la ‘Ley de democratización’ que, en su forma actual, permitiría la privatización de servicios públicos fundamentales como los del ICE o la CCSS; también aquellas partes de la ‘Ley de promoción de la competencia’ que podrían atentar contra esquemas exitosos de concertación, como los de ICAFÉ y LAICA; la inclusión de la globalización de rentas y la corrección monetaria en la ‘Ley de eficiencia tributaria’; la eventual obligación de privatizar RECOPE si así se desprendiera de los comentarios de los bancos a un estudio a realizar sobre ese tema; la transformación de la actividad de seguros en un negocio privado, y la obligación de ejecutar un programa de ‘movilidad laboral’ que pretende la reducción por ‘renuncia’ de 25.000 plazas del sector público.

A raíz de su visita a Washington, donde expuso estas objeciones a los jerarcas de los organismos financieros multilaterales, el candidato José María Figueres ofreció al Gobierno un camino para superar estos problemas. Para enfrentar la ambigüedad del contrato, recogió la propuesta de Enrique Iglesias, Presidente del BID, de que se procediera a debatir, reformar y aprobar las leyes que aparecen en el contrato de préstamo, antes de aprobar el PAE III como tal. De esta manera, el país sabría en qué consisten realmente los compromisos adquiridos, y podría decidir en cada caso si desea o no tal condicionalidad. Si las reformas legales son aceptables para los bancos, podremos avanzar hacia la firma del PAE III. Si no, entonces habremos evitado firmar un contrato que era inaceptable para el país y que, de haberse firmado en sus condiciones actuales, nos habría llevado a un incumplimiento con los bancos.

Con respecto a los aspectos inaceptables del contrato, se propuso que el Gobierno solicitara a los bancos un memorando de entendimiento que permita interpretar esos compromisos en forma aceptable para el país. En algunos casos, la reinterpretación parece fácil de lograr (como en la ley de democratización o los estudios sobre RECOPE). En otros casos, se requerirá de una buena negociación (como en lo relativo a movilidad laboral o las reformas del INS). En todo caso, se ofrecía un camino para reformar el PAE III de acuerdo con los intereses del país y con el consenso político necesario para lograr su aprobación.

Igual que hace un año, cuando se le ofreció al Gobierno un ‘PAE alternativo’, el camino estaba abierto para una negociación. Pero igual que hace un año, el Gobierno optó por actuar unilateralmente, enviando su PAE III al Congreso y descartando nuevamente la construcción de un consenso. Tal parece que al Gobierno sólo le interesa su PAE. Lamentablemente para el país, ese PAE del Gobierno mantiene condiciones que ni deben ni pueden ser cumplidas, y que –de firmarse el contrato sin modificaciones o memorandos de entendimiento—llevarían al país a un incumplimiento. Las opciones son claras: o se reforma el PAE III para corregirle sus aspectos perjudiciales, o mejor nos quedamos sin PAE III. El camino para las negociaciones está abierto. El Gobierno ¿tiene la palabra?