Leonardo Garnier

La República (Editorial), 20/10/93

El Banco Mundial ha reconocido que los países que más éxito han tenido en la lucha contra la pobreza son precisamente aquellos que “han propugnado un modelo de crecimiento que comprende el uso eficiente de la mano de obra y han invertido en el capital humano de los pobres”. Sin embargo, como han señalado recientemente nuestros educadores, el Banco Mundial todavía mantiene una interpretación utilitarista y reducida de la educación que necesitamos, una interpretación que si bien enfatiza correctamente la importancia de los conocimientos básicos, de la alfabetización, la aritmética y el lenguaje, no incorpora con la misma claridad la necesidad de avanzar hacia niveles más sofisticados de conocimiento que nos permitan, tanto individual como colectivamente, aspirar a los verdaderos frutos del desarrollo.

Es evidente que uno de los objetivos de cualquier reforma educativa es hacer que los costarricenses adquieran la capacidad de “saber trabajar” y, por supuesto, esto requiere --como contraparte-- que las empresas aprendan a invertir en aquellas actividades productivas que realmente aprovechen esa mayor educación: nada ganamos con enseñar informática a nuestros niños si el empleo que van a conseguir mañana no requiere siquiera que sepan leer. Pero para el desarrollo de una sociedad democrática y una economía de mercado es igualmente importante que la educación desarrolle también la capacidad del ciudadano para “saber vivir”. Cuanto más educada sea la sociedad, más capacidad tendrán los individuos que la componen para enfrentar con verdadera libertad las múltiples elecciones de la vida en sociedad, desde las aparentemente triviales decisiones del consumo diario, hasta las más profundas opciones humanas. Finalmente, la educación tiene la responsabilidad de promover la integración y movilidad de los distintos miembros y sectores de la sociedad, así como la solidaridad: es necesario, por tanto, desarrollar la capacidad para “saber convivir”.

Tradicionalmente, la educación en Costa Rica jugaba un claro papel integrador. Sin embargo, el deterioro económico de la familia costarricense, y la grave situación fiscal que enfrenta el Estado, han ido erosionando las posibilidades de que el viejo sistema educativo siga cumpliendo con el triple papel de contribuir al desarrollo personal de los individuos y sus familias, al fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, y a la vigencia y profundización del sistema democrático.

Mientras que algunos sectores han logrado vincularse con éxito a los procesos de apertura económica, grandes fracciones de la clase media y baja han visto su nivel de vida estancarse o deteriorase. A su vez, las dificultades fiscales han generado un deterioro sistemático de la educación pública, que pierde así su capacidad de ser instrumento de integración y movilidad social. Todo esto ha llevado a una diferenciación cada vez más marcada entre una educación pública que aunque sigue siendo gratuita pierde a pasos agigantados sus niveles de calidad y exigencia, y una educación privada que sí logra mantener una educación aceptable, pero a un costo que resulta prohibitivo para la gran mayoría.

Es urgente una reforma educativa que abarque todos estos aspectos. Es evidente que esto requiere --como han señalado tanto el Banco Mundial como la UNESCO-- una reforma profunda de la educación básica. Pero debe ser igualmente evidente que esto no basta: la educación no puede fragmentarse, no hay tal cosa como un país con magnífica educación primaria, pero sin buenos colegios y buenas universidades. La educación debe comprenderse orgánicamente. ¿Dónde recae la responsabilidad de impulsar el tipo de reforma educativa que nuestro país necesita y merece? Mal haríamos en creer que esa responsabilidad descansa en el Banco Mundial. Por el contrario, esta responsabilidad recae sobre las autoridades educativas nacionales, sobre los educadores y sus instituciones, y --por supuesto-- sobre los padres de familia y los propios educandos, que no pueden verse como agentes pasivos del proceso educativo.

Que la denuncia del Sindicato de Educadores Costarricenses sirva como llamado de atención, no para encontrar culpables externos a nuestros problemas educativos, sino para llamar a cuentas a quienes, como costarricenses, no han sabido cumplir con su papel en la transformación educativa.