Leonardo Garnier

El Financiero 25/1/01

Por un lado, la pobreza sigue afectando a un porcentaje muy alto de la población: la capacidad de muchas familias para acceder a un ingreso adecuado como remuneración de su trabajo y de sus activos, es todavía insuficiente.  Por otro lado, la inversión y el gasto social, aunque importantes, siguen siendo insuficientes para generar el bienestar y las capacidades necesarias para el tipo de crecimiento y desarrollo al que se aspira. 

En un contexto de restricciones financieras, se hace indispensable contar con instrumentos idóneos para definir las prioridades estratégicas del país y garantizar que los recursos disponibles se asignen de manera efectiva de acuerdo con esas prioridades estratégicas. 

Para eso, para saber cómo y en qué gastar, tenemos que conocer los verdaderos costos y beneficios sociales de largo plazo de las diversas opciones de asignación del gasto.  Así, a la hora de tomar las decisiones presupuestarias relativas a la inversión social, estas decisiones podrán tener en cuenta el verdadero costo de oportunidad que representan estas decisiones.  

En pocas palabras, sabremos con claridad a qué estamos realmente renunciando cuando no asignamos los fondos necesarios para la construcción del capital humano y del capital social del que depende el desarrollo al que estamos aspirando.  Cuando digamos que los recursos no alcanzan para mejorar los programas de educación, de salud, de vivienda... tendremos que estar seguros de que esos recursos no se estén yendo a otros fines en los que el rendimiento social de largo plazo sea menor que el que habrían tenido de asignarse a la inversión social.

Pero independientemente de que los montos asignados a la inversión social sean suficientes o no, es evidente que existen también graves problemas de ineficiencia en la ejecución de los programas y las políticas sociales.  Esto hace que su impacto sea mucho menor del previsto y resulta en un injustificable desperdicio de recursos.

Por eso, debemos  realizar un esfuerzo particularmente intenso en construir los instrumentos técnicos e institucionales que garanticen la máxima eficiencia en los programas mediante los cuales se ejecuta la inversión social.  Sólo hay espacio para ejemplificar aquí el sentido de ese esfuerzo:  Sistemas de incentivos y de rendimiento de cuentas que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.  Evaluación y seguimiento por resultados.  Transparencia e información pública.  Vigilancia ciudadana. Mejoras en los instrumentos de gestión y gerencia pública.  Desarrollo de modelos innovadores para la ejecución y gestión de los programas sociales, con especial atención al manejo y administración de los recursos humanos, los recursos financieros y la administración por resultados.  Y, por supuesto, una gestión de la inversión social claramente orientada al usuario.  

En momentos en que se retoma en el país el tema de la competitividad, un elemento tiene que estar muy presente:  La búsqueda coherente de la competitividad y el desarrollo humano no sólo demanda acciones por el lado de la política económica, sino que demanda un mayor gasto social y, sobre todo, un trabajo sistemático para transformar ese gasto en una verdadera y efectiva inversión social.   No hay inversión de mayor rendimiento.