Leonardo Garnier

La República, Enero de 1993

El Proyecto de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, recientemente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y cuya aprobación constituye una de las tantas condiciones asociadas al PAE III, contiene muchos aspectos novedosos e interesantes, pero también algunos que, por ingenuos, llegan a ser peligrosos.

Uno de esos aspectos se refiere a la confianza absoluta de que basta que en un mercado exista suficiente competencia para que los precios que en este mercado rigen sean los precios “correctos”, es decir, los precios internacionales. En efecto, el proyecto elimina “todos los trámites y requisitos de control y regulación de la actividad económica que impiden, entorpecen, o distorsionan las transacciones en el mercado interno y en el comercio internacional”, dejando sólo la posibilidad de que se apliquen regulaciones temporales y de excepción en el caso de que estén en juego cuestiones relativas a la salud, la seguridad, el medio ambiente y los estándares internacionales de calidad.

Para que la eliminación de las regulaciones estatales produzca los resultados deseados, el proyecto incluye sendas secciones de promoción de la competencia y defensa del consumidor. En estas secciones, por ejemplo, se prohíben “los monopolios públicos o privados y las prácticas monopólicas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida del mercado”. Además, se declaran nulas las prácticas monopólicas absolutas o relativas que lleven, por ejemplo, a la fijación o manipulación de precios, a la distribución de cuotas de mercado, y a otros tipos de presión indebida. Por supuesto, para que las sanciones correspondientes puedan aplicarse deberá comprobarse “que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante”.

En pocas palabras, el proyecto elimina los instrumentos de regulación económica con los que el Estado interviene frente a las prácticas monopólicas y demás imperfecciones del mercado y, con extraordinaria ingenuidad, pretende abolir por ley tales imperfecciones o prácticas (cayendo en el contrasentido de prohibir, de paso, los monopolios públicos). La realidad, sin embargo, es mucho más compleja de los que los autores e impulsores de este proyecto parecen imaginar. Las imperfecciones de los mercados no se eliminan ni por decreto, ni por ley. ¿Vamos a prohibir la Dos Pinos porque tiene una cuota significativa del mercado? ¿Vamos a exigir que haya muchas compañías de teléfonos en un mercado como el costarricense? ¿Cuántos bancos se necesitan para que el sistema financiero sea “competitivo”? ¿Y qué vamos a hacer con las dos grandes empresas productoras de cemento?

La respuesta fácil que los economistas neo-liberales siempre utilizan frente a estos problemas es conocida: no hace falta que la competencia venga de adentro, con sólo que el consumidor tenga acceso a los bienes ofrecidos por el resto del mundo, habrá competencia. Y si hay competencia --sigue el argumento-- los precios que rigen serán los precios internacionales.

Es relativamente sencillo destruir este argumento a nivel teórico o conceptual, pero a veces un buen ejemplo pesa más que cien argumentos. Si en algún mercado debiera cumplirse el dogma neo-liberal de que bastan la liberalización y la apertura para que rijan los precios internacionales, ese es el mercado de las computadoras. Este es un mercado en el que se eliminaron todos los impuestos de importación, en el que existe enorme cantidad y variedad de importadores y distribuidores, en el que la información sobre precios internacionales circula libremente en multitud de revistas que se compran en los supermercados y las farmacias, en fin, pocos ejemplos más cercanos al de un “buen mercado”. Y ¿qué ha pasado? ¿Pueden los costarricenses comprar sus computadoras, sus impresoras, sus programas o software a los precios que rigen en otros mercados? No. Por el contrario, el consumidor costarricense debe pagar 50%, 70% y hasta 100% más de lo que pagan los consumidores estadounidenses por el mismo tipo de producto. No hay impuestos. No hay regulaciones. Hay apertura, liberalización y competencia... pero no hay precios internacionales.

Para que el lector se forme una idea de la magnitud de las diferencias de precios, se adjunta una pequeña muestra de cómo los mismos equipos o programas, cuestan $500, $1000 y hasta $2000 más en Costa Rica que en los Estados Unidos.

Alguien que quisiera comprar un equipo completo formado, por ejemplo, por una computadora Hyunday 433D, una impresora Epson EPL 7500, y algunos programas normales de trabajo, como Wordperfect, Lotus y Harvard Graphics, tendría que pagar en Costa Rica un total de $7919. Si comprara el mismo equipo en Estados Unidos, sólo pagaría $4411, es decir, se ahorraría $3508, que es mucho más de lo que le costaría ir a Miami, alquilar carro, pagar una semana en un buen hotel, y comprarse de paso alguna ropa o los juguetes de Navidad.

¿Suena absurdo? Sí, pero es real. Las explicaciones pueden ser muchas y muy variadas. Las compañías internacionales pueden estar ejerciendo su poder para fijar precios exageradamente altos en Costa Rica; los distribuidores pueden estar obteniendo mayores ganancias por elevar los precios que por aumentar el volumen... y prefieren no competir por precio; los consumidores de estos bienes no son muy sensibles al precio (instituciones o empresas no acostumbradas a competir de verdad); la falta de acceso a garantías y servicio introduce rasgos de mercado cautivo; etc.

Un hecho sigue en pie: en uno de los mercados más competitivos y desregulados que tenemos, los precios están lejos de su nivel internacional. ¿Cómo creer que las cosas van a ser significativamente mejores en mercados en los que las imperfecciones son mucho más evidentes, fuertes y frecuentes? ¿Cómo creer que podemos “legislar” la eliminación de tales imperfecciones y desentendernos de la necesidad de promover efectivamente el desarrollo de mercados cada vez más competitivos, y ejercer las regulaciones necesarias en los casos en que corresponda?

Es un error creer que la apertura, liberalización y modernización de la economía deben ir acompañadas de una eliminación genérica de las regulaciones, como se propone en este proyecto. Es un error que podría tener enormes consecuencias. La apertura, liberalización y modernización exigen, eso sí, un cambio en los instrumentos reguladores. Los viejos controles son engorrosos e ineficientes, y deben ser abandonados. Pero abandonar los viejos instrumentos no quiere decir que debamos desentendernos de la responsabilidad fundamental del Estado por regular en forma eficiente la actividad económica, de manera que los intereses individuales y colectivos se refuercen y complementen, en lugar de contradecirse. La acción pública y la acción privada son dos aspectos inseparables de la vida en sociedad, cada uno tiene su función y su razón de ser, y ambos se desvirtúan cuando pretenden usurpar el espacio del otro.