El fideicomiso MEP-Banco Nacional para construir pronto 104 centros educativos es un proyecto ejemplar 

El esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en estos tres años, para elevar la calidad de la educación impartida por el Estado, para reducir el número de desertores del sistema o para atraerlos a las aulas, mediante subsidios económicos, estaba deforme. Le faltaba un plan de gran aliento, además del contingente presupuestario anual, para atacar con audacia y eficacia el déficit, por muchos años, en infraestructura escolar.

Una noticia de ayer de La Nación nos trae la buena nueva de que, mediante la suscripción de un contrato de fideicomiso entre el MEP y el Banco Nacional, este objetivo social está a punto de lograrse. Se trata de la construcción, por esta vía, de 104 centros educativos por 170.000 millones de colones. En este plan se incluirán 32 colegios, 19 escuelas y 53 liceos rurales y telesecundarias, buena parte en sectores pobres, alejados de los centros urbanos o parte de estos; 81 gimnasios y 100 sedes administrativas, 20 direcciones regionales y la sede del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Estas obras se concluirán en menos de cuatro años. Las primeras comenzarán en el mes de septiembre próximo. El MEP pagará un arrendamiento por 20 años. Vencido este plazo, pasarán a ser propiedad del Estado.

Este modelo, que se podría utilizar con éxito en otros proyectos del Estado, deparará beneficios inmediatos a la educación pública. Primeramente, permitirá reducir la brecha entre la calidad y amplitud de gran parte de las construcciones de las instituciones privadas y las públicas. Bueno es recordar la visión y amplitud de criterio de los estadistas y educadores que, en el siglo pasado, nos dotaron, con escasos recursos, de colegios espaciosos y hermosos, a tono con el decoro y trascendencia de la misión educativa del Estado. Luego, las edificaciones escolares, por su masificación y costo, vinieron a menos en cuanto a presentación y arquitectura. Conviene hacer un esfuerzo en pro de la presentación y desahogo de estas instituciones, y, por supuesto, en poner fin al déficit en infraestructura y a la enseñanza impartida en un ambiente de miseria y abandono.

La calidad de las instituciones enuncia también un mensaje de dignidad, de respeto y de realización personal. Dígase lo mismo de las viviendas. Desde este punto de vista, el hábitat personal y familiar, y el educacional conforman un todo inseparable de la calidad de vida y, por lo tanto, de la formación del ser humano y del espíritu de excelencia y de superación. Se ha dicho de sobra, en el orden moral e intelectual, que en un ambiente menesteroso o precario resulta difícil practicar la virtud o proponerse objetivos elevados. Debe haber, pues, coherencia de medios y propósitos entre la vivienda y la escuela, así como entre estas y la calidad de la enseñanza. Fácil es entender, ante estas consideraciones, la actitud de un estudiante pobre inmerso en un ambiente donde la vivienda o su carencia, y la escuela compiten en deterioro y abandono. Cerrar esta es una de las funciones básicas del Estado y de la sociedad.

Esta inversión en infraestructura escolar contiene, asimismo, un mensaje político. Debe continuarse y aun superarse en los próximos años como políticas de Estado. Debe, asimismo, estimular la innovación de modelos de financiamiento, de contratación y de operación en los más diversos campos de la acción estatal, cuya aplicación ha encontrado, en estos años, lamentablemente, tanta oposición o mezquindad en ciertos sectores políticos o profesionales.