Leonardo Garnier

La República: Editorial, 14/3/91

Nadie lo sabe tan bien como sus propios funcionarios: desde su fundación como OFIPLAN hace casi treinta años hasta su desteñida existencia actual –que no es culpa del Ministro Helio Fallas—el Ministerio de Planificación no ha hecho más que perder terreno en el campo de la Planificación nacional y la definición y coordinación de la política económica y social del gobierno. En los últimos años, este Ministerio sólo había logrado mantener algún tipo de protagonismo en la definición y negociación de los Convenios de Ajuste Estructural y de cooperación externa, y aún en estos casos, como institución subordinada a las directrices del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Paradójicamente, conforme perdía poder, MIDEPLAN crecía y se diversificaba. Por un lado, al dejar de ser la ‘mano derecha’ del gobierno, optó por convertirse en su ‘mano izquierda’, transformándose así en una especie de conciencia crítica o conciencia social de cada Administración; la institución que advertía sobre los costos sociales del ajuste, sobre los riesgos de la privatización de la banca, sobre el descalabro del sistema cooperativo, sobre el impacto inflacionario de la devaluación, sobre el deterioro de la inversión pública, etc. Por otro lado, ante su pérdida de protagonismo en el Consejo Económico, MIDEPLAN se refugió en la ejecución de tareas originalmente secundarias, pero que cada vez absorbían una proporción mayor de sus recursos. Son bien conocidas las referencias a MIDEPLAN como la ‘Siberia’ del Gobierno Central.

Este largo proceso parece haber llegado a su punto más bajo en la actual Administración. La creación de un Ministerio de Reforma del Estado golpeaba a MIDEPLAN en un doble sentido, ya que no sólo tiraba por la borda los esfuerzos impulsados por ese Ministerio durante la Administración anterior, y que habían culminado con el informe de la Comisión Consultiva para la Reforma del Estado Costarricense (COREC), sino que le quitaba a MIDEPLAN la posibilidad de dirigir la negociación de un tercer convenio de Ajuste Estructural que estaría orientado, precisamente, al campo de la reforma institucional del Sector Público. La política económica siguió girando alrededor del eje financiero y controlado por el Banco Central y Hacienda, y la política social terminó de desdibujarse, apareciendo cada vez más como una simple política de asistencia y cada vez menos como una política de desarrollo social.

La eliminación de la Autoridad Ministerial para la Reforma del Estado, los rumores sobre la eventual renuncia del Ministro de Planificación, el desmentido de estos rumores por parte del Ministro y del mismo Presidente, y su comentario sobre la necesidad de reestructurar dicho Ministerio, constituyen una coyuntura ideal para acometer una tarea de importancia estratégica para el desarrollo nacional: la redefinición y revitalización de la entidad responsable de dotar a la administración pública de una visión de conjunto y largo plazo, la entidad responsable de integrar la política económica y la política social desde la óptica de una política de desarrollo.

La reestructuración del esquema de planificación no puede ser un asunto cosmético, ya que en ella se define el verdadero carácter de la reforma del Estado que se debe impulsar: no sólo una reforma ‘fiscalista’ que congele o reduzca el gasto público, sino una reforma política y administrativa que aumente la capacidad del Estado y sus instituciones para tomar decisiones y garantizar su ejecución eficiente.

En el caso que nos ocupa, es evidente que esto puede lograrse con una institución más pequeña, pero no con una institución más débil. Para recuperar el protagonismo que le corresponde, para volver a ser un brazo efectivo de la Presidencia, la institución planificadora necesita fortalecerse. Necesita integrar su visión crítica, sus preocupaciones sociales y su responsabilidad por el largo plazo, con la definición cotidiana de la política y el accionar del gobierno. Para ello, necesita aumentar en forma radical y urgente su capacidad técnica; pero, simultáneamente y con la misma urgencia, necesita recuperar su vigencia política: la una no tiene sentido sin la otra.