Leonardo Garnier

La República, 4/11/92

Para lograr niveles cada vez más altos de desarrollo humano, definido simultáneamente en términos de la calidad de vida, la distribución de la riqueza y el poder económico, y la sustentabilidad ecológica, es preciso contar con una estrategia que permita superar los grandes retos que nos han sido evidenciados en forma dramática por la crisis y los procesos de ajuste.

El primer reto es el que surge de la contradicción entre la estructura social y política relativamente avanzada que hemos logrado construir, y la estructura económica típicamente subdesarrollada que aún tenemos, y que resulta incapaz de dar sustento a las aspiraciones sociales de los costarricenses. El segundo reto es el de lograr una inserción más adecuada en la economía internacional: no es una simple apertura, sino una verdadera integración que sea capaz de valorar y remunerar en forma adecuada los recursos productivos de los costarricenses. Finalmente, la crisis nos ha enfrentado con el reto del agotamiento de un esquema institucional que, si bien ha jugado un papel fundamental en la construcción del desarrollo nacional, promoviendo el crecimiento económico y una distribución más equitativa de sus frutos, y permitiendo así el predominio de la resolución institucional de los conflictos, se muestra cada día más impotente para enfrentar los retos del futuro.

Es evidente que la estrategia para enfrentar estos retos requiere de un delicado balance entre la estabilidad y el crecimiento. Pero eso no basta, es preciso comprender también los límites de las políticas macroeconómicas para promover un proceso de crecimiento que incluye transformaciones estructurales. En efecto, las viejas políticas macroeconómica que buscaban acelerar el crecimiento por medio de la administración y la expansión artificial de la demanda ­–y que fueron tan exitosas en el contexto depresivo de los años treinta- no son aplicables a la situación actual, y más bien han tendido a provocar situaciones en las que las presiones inflacionarias se combinan con serios problemas de recesión y desempleo. Por otro lado, las nuevas recetas macroeconómicas neo-liberales, caracterizadas por la restricción monetaria, la devaluación y el desmantelamiento institucional, son también ineficaces para guiar las transformaciones productivas que se requieren. Más aún, al negarse a utilizar una política microeconómica, dejando la asignación de los recursos en manos exclusivas del mundo de los negocios, los economistas neoliberales se ven forzados a aplicar los instrumentos macroeconómicos con innecesaria fuerza y a un gran costo social y humano, de manera que a su ineficacia se agrega una buena dosis de ineficiencia y una asombrosa insensibilidad social: en los ajustes neo-liberales, la estabilidad social solo se logra a costa de frenar el crecimiento y revertir el desarrollo social.

Para que la política macroeconómica pueda garantizar la estabilidad sin sacrificar por ello el crecimiento, es preciso que se complemente con una adecuada política microeconómica o estructural que atienda en forma específica los problemas sectoriales del desarrollo.

En ninguno de estos campos podría el país promover las transformaciones requeridas para alcanzar los objetivos de un desarrollo humano sustentable, sin una participación inteligente y decidida del Estado para complementar y apoyar las decisiones económicas del sector privado. Como sugiere el sentido común, y como han constatado los países más exitosos, la combinación de un Estado eficiente y visionario con una sociedad civil dinámica y creativa, es la llave que parece abrir mayores posibilidades a la aventura del desarrollo, una aventura en la que no caben las recetas ni el simplismo.