Reacción del Ministerio de Educación frente al voto de la Sala Constitucional relativo al Recurso de Amparo contra los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad

En primer lugar, nos alegra que en forma unánime[1] la Sala Constitucional haya rechazado el recurso y garantizado las potestades constitucionales del Consejo Superior de Educación para definir los contenidos de los programas oficiales de educación – tanto para centros públicos como privados – sin necesidad de tener que consultar los mismos a grupos o sectores determinados.

Esto garantiza que a partir del año entrante los colegios de todo el país podrán y deberán impartir, dentro de la asignatura de Ciencias, el Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad, de manera que la inmensa mayoría de las y los estudiantes costarricenses – ojalá todos – puedan recibir instrucción en un campo vital de su formación humana. 

Reiteramos que estos programas han sido elaborados luego de un largo y cuidadoso proceso, con la participación y consulta de muy diversos especialistas, y que enfatizan no solo los aspectos biológicos y reproductivos, sino también los relativos a los riesgos vinculados a un ejercicio inadecuado de la sexualidad – como los embarazos precoces o las enfermedades de transmisión sexual. Además, el programa centra su atención en el aprendizaje del manejo adecuado de la afectividad, del respeto a uno mismo y a los demás: el disfrute responsable de la sexualidad debe darse siempre sobre la base del respeto, nunca lastimando a los demás ni poniendo en riesgo la propia dignidad.

Sí lamentamos que, por una votación de cuatro a tres, se haya abierto un portillo para que algunos estudiantes no asistan a esta parte de los cursos de Ciencias. Aunque acataremos, como debe ser, la sentencia de la Sala a este respecto, sí manifestamos nuestra profunda preocupación por el significado del voto mayoritario de cuatro magistrados que “si bien reconocen que el programa de estudio de “Educación para la afectividad y la sexualidad integral” responde a la consecución de un fin constitucionalmente válido por parte del Estado, también salvaguarda el derecho de los padres de familia a exceptuar a sus hijos del mismo, en los casos en que afecte sus creencias religiosas o los valores que desean inculcar a sus hijos”. En otras palabras, si bien se acepta el derecho del Ministerio de Educación a ofrecer este curso y que el mismo responde a un fin “constitucionalmente válido”, al mismo tiempo permite que algunos padres no permitan que sus hijos asistan a esta asignatura.

Esta decisión, entendible en el caso específico de la educación religiosa, puede constituir un portillo muy peligroso cuando se aplica – como en este caso – a otras asignaturas. Nos preocupa que este portillo pueda luego interpretarse – como ha ocurrido en otros países y como ocurrió en Costa Rica a principios del Siglo XX – para objetar por  razones religiosas la enseñanza de la ciencia, sea esta natural o social, porque alguien considera determinados resultados del pensamiento científico o determinada versión de la historia, como contrarios a “su” religión. Pareciera que de esta forma se cede ante el temor que generan ciertos sectores conservadores de la sociedad costarricense que, con el argumento de sus valores religiosos, intentan una vez más impedir la formación integral de nuestros estudiantes. Es algo que creíamos superado en Costa Rica.

Ante la importancia de que nuestras y nuestros jóvenes tengan acceso a una buena educación de su afectividad y sexualidad y, sobre todo, ante los graves riesgos del número creciente de embarazos adolescente y de las infecciones de transmisión sexual como el VIH-SIDA, que cada día afecta a jóvenes de menor edad, realmente esperamos  y confiamos en que tanto los jóvenes costarricenses como sus madres y padres sabrán mostrar la sensibilidad y sensatez que ha faltado en este voto mayoritario, y aprovechen la oportunidad que les abren los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad, oportunidad que, afortunadamente, la Sala Constitucional ha mantenido abierta por decisión de todos sus magistrados.