Leonardo Garnier Ministro de Educación Pública

“Sólo dos de cada diez estudiantes terminan la secundaria sin repetir ningún curso”. La consecuencia es obvia para los estudiantes, pero también para el fisco: cada graduado nos cuesta casi diez años de colegio, en vez de cinco. Además, sabemos que la probabilidad de conseguir un buen trabajo está ahí solo para quienes tienen algo más que secundaria: la secundaria es apenas un piso. Sin embargo, solo una tercera parte de quienes entran a primer grado se gradúan de secundaria: ¡mantenemos bajo el piso a dos terceras partes de nuestras y nuestros jóvenes! Tal es el reto que enfrentamos desde el MEP, un reto que tiene que ver tanto con la cobertura como con la calidad y la relevancia de nuestra educación.

¿Qué hacer? Lo primero, ha sido plantear un estilo distinto de hacer las cosas y apostar por una cultura institucional más fresca y centrada en que cada quien asuma sus responsabilidades: desde los estudiantes hasta el Ministro, pasando por directores, padres de familia y docentes. Este remozamiento es particularmente importante en un Ministerio mal centralizado y mal descentralizado; un Ministerio que gira alrededor de rutinas y temores y que se caracteriza porque nadie ‘corre riesgos’. El MEP es, además, una institución fragmentada y con una estructura cuasi-feudal de funcionamiento, en la que predomina la desarticulación de las principales divisiones y direcciones que lo conforman. Frente a esto, promovemos un estilo de trabajo coordinado por procesos y con una alta dosis de comunicación y trabajo en equipo. Un estilo en el que aprendamos a disfrutar del esfuerzo, condición indispensable para el verdadero aprendizaje.

Diez líneas estratégicas

Con clara conciencia de que una administración dura escasas doscientas semanas y cuenta con recursos y un capital político limitados, una segunda tarea ha sido la de establecer diez grandes líneas de acción estratégicas:

1. Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien. Para ello, se trabajará en fortalecer la calidad y pertinencia académica de la educación de manera que las y los estudiantes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias

científicas,

históricas y sociales,

lógicas y matemáticas,

de comunicación y lenguaje, necesarias para una vida útil y plena.

2. Lograr que los estudiantes aprendan a saber vivir y saber convivir. Para ello, se fortalecerá el carácter integral y formativo de la educación de manera que, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, las y los estudiantes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias

éticas,

estéticas

ciudadanas, necesarias para una vida buena y plena.

Esto supone aprovechar el arte y la cultura como formas de educación social de las poblaciones atendidas en el sistema educativo, articulando el acervo artístico y cultural universal con el que se construye en nuestro medio y enfatizando la construcción de una cultura de derechos y responsabilidades.

3. Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, mediante acciones de articulación interinstitucional que permitan elevar su nivel educativo y el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, incluyendo el manejo de otros idiomas y de las tecnologías de la información y la comunicación. Como parte de este esfuerzo, se trabajará para elevar el nivel académico de la fuerza laboral joven.

4. Promover un estilo de vida saludable en las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en el marco de una relación armoniosa con la naturaleza y una educación para el desarrollo sostenible.

5. Garantizar el derecho a la educación mediante instrumentos de equidad que permitan avanzar hacia la cobertura universal en preescolar, primaria y secundaria. Esto exige financiar adecuadamente e integrar en forma eficiente los programas de equidad y utilizarlos para compensar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y de otros tipos que limitan el acceso en igualdad de oportunidades al sistema educativo.

6. Elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo y, en particular, la del cuerpo docente y administrativo-docente, contribuyendo así a la profesionalización y dignificación de quienes realizan estas labores. Se pondrá especial atención al papel de las y los directores de centros educativos.

7. Mejorar y aprovechar plenamente los procesos de evaluación como instrumentos de cambio para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación costarricense. Se pondrá especial cuidado en evitar que la evaluación se quede en mera ‘autopsia’ de los problemas educativos, y que funcione más bien como una de las herramientas más poderosas para garantizar calidad permanente de los procesos educativos.

8. Lograr que, en sus gestiones administrativas con el MEP, el trato a los estudiantes, educadoras y educadores, funcionarios y la comunidad educativa en general, sea oportuno, adecuado, ágil, eficiente y amable. Para esto se impulsará una gestión eficiente y humanizada de los servicios del Ministerio de Educación Pública, incluyendo la desconcentración de los procesos administrativos, la utilización adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación y, en especial, la consolidación de una cultura de orientación al usuario.

9. Lograr que los centros educativos – y las instancias administrativas del MEP – cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno para el buen funcionamiento del sistema educativo y la promoción del desarrollo integral de las poblaciones estudiantiles. Para esto no solo se realizarán los esfuerzos por lograr el financiamiento requerido sino y sobre todo, para garantizar el planeamiento adecuado y la gestión eficiente de esos recursos.

10. Contribuir, en la medida de nuestras responsabilidades, al financiamiento estable y suficiente del sistema educativo mediante el establecimiento de una garantía constitucional de una asignación permanente del 8% del PIB como presupuesto mínimo de la educación pública costarricense. Para ser efectivo, esto requiere, como condición sine qua non, de la aprobación de nuevos ingresos fiscales que le den sustento real a la reforma constitucional. Así se daría sustento efectivo a la universalización de la educación preescolar, primaria y secundaria en condiciones de calidad y pertinencia frente a los retos del desarrollo y la plena realización humana.

Primeros pasos

En estos primeros cien días, también hemos dado pasos concretos en esa dirección. Emitimos una directriz sobre ‘autoridad y responsabilidad’ que marca el cambio de estilo que queremos en el MEP. En ese mismo sentido, se reestableció la obligatoriedad de realizar un examen de idoneidad para quienes estén optando por un nombramiento en propiedad como profesores de inglés o francés.

Iniciamos, con apoyo del PNUD, un proyecto que permitirá contar con la asesoría de expertos nacionales e internacionales en el análisis y consulta necesarios para incorporar la ética, la estética y la ciudadanía como columnas vertebrales del proceso educativo costarricense.

Se rescató el programa de becas de FONABE, que atravesaba una profunda crisis; se logró pagar a tiempo las becas al reinicio de las clases en el segundo semestre; se acordó con la Contraloría y la Tesorería completar la reestructuración del FONABE en el segundo semestre de este año. Además, se participa, junto con el Ministerio de Vivienda y el IMAS, en el Plan Piloto del Programa Avancemos.

Se trabaja, junto con el INA, en una propuesta legal e institucional para que, aprovechando las capacidades del ambas instituciones, podamos elevar el nivel académico de la fuerza de trabajo joven al tiempo que profundizamos sus conocimientos y destrezas técnicas.

Se impulsa el establecimiento de un programa permanente de desarrollo profesional del personal del Ministerio, y se colaboró en la elaboración del Proyecto de Ley para la creación del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano

Se descongelaron partidas para la atención de necesidades urgentes de infraestructura y se están agilizando los trámites para que las Juntas Educativas y Administrativas puedan ejecutar más oportunamente sus recursos de inversión en infraestructura. Se modifica el convenio con el Ministerio de Justicia para garantizar que no haya faltante de pupitres en el 2007.

Se logró poner al día miles de nombramientos que quedaron pendientes al inicio del curso lectivo. Se acordó y empezó a ejecutar el pago de una parte del incentivo docente pendiente desde 1999, con lo que se evitó un innecesario gasto en trámites judiciales. Se identificaron y empezaron a corregir un sinnúmero de irregularidades en los procesos de nombramientos (incluidas plazas fantasmas). Se inició el análisis para una reingeniería de la Dirección de Personal.

Se puso en marcha un Plan para el mejor aprovechamiento de los 200 días lectivos, que busca lograr tres objetivos: la recuperación de estudiantes aplazados; la participación de los docentes en cursos de capacitación; y la realización de talleres y ferias artísticas, científicas, cívicas y deportivas.

Finalmente, y como parte del trabajo del Consejo Superior de Educación, se reinstaló el “Acuerdo Nacional por la Educación”, redefiniendo las comisiones y estableciendo un cronograma que permita completar este proceso al terminar este año, posicionando la idea clave de que ‘la educación es cosa de todos’. Solo así lograremos que todas y todos nuestros jóvenes encuentren en la educación un piso firme para construir sus vidas.