Por el momento, me limito a dos o tres comentarios, y me comprometo a seguir escribiendo tanto sobre el tema específico – el llamado de algunos para desconocer los mecanismos formales de la democracia – como el tema desencadenante, que también es importante: el TLC y las políticas económicas que a veces con razón, a veces sin ella, generan angustia y temor en grandes sectores de la población que, por ello, se ven fácilmente atraídos por los cantos de sirena, tanto de quienes ven en esas políticas la única salvación para el país, la fuente de todo progreso y bienestar, como de quienes, por el contrario, ven en ellas el acabóse, el fin de nuestra democracia y de todo progreso.

Y ese sería mi primer comentario: como dije en la columna, estamos urgidos de una verdadera discusión del TLC que, en primer lugar, limpie la cancha de todas las falsas acusaciones y falsas defensas. Muchas de las razones que se han aducido para atacar el TLC son evidentemente falsas, demostrablemente falsas, pero se siguen repitiendo como si no importara ningún argumento, ningún dato, ninguna evidencia. Pero, de la misma forma, muchas de las razones con que se le defiende son, también, falsas... e igual se siguen repitiendo. El TLC tiene tanto puntos positivos como puntos negativos y, sobre todo, tiene unas cuantas áreas grises que deben preocuparnos a todos: para aprobarlo – o para rechazarlo – tenemos que estar claros, todos, de qué es lo que significa. Varios libros recientes – del Estado de la Nación, de la Cátedra Víctor Sanabria, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR – contribuyen a enriquecer este debate, pero aún falta más trabajo y, sobre todo, más discusión abierta y franca, para seguir descartando falsas defensas y ataques, y evidenciando las verdades del tratado.

Entendamos además de que se trata de eso, un ‘tratado’ entre países que pueden compartir algunos objetivos, pero que compiten entre sí. Por eso, no todo en el tratado puede ser – como a veces los defensores del TLC quieren hacernos creer – bueno para nosotros. Ningún tratado es así. Cuando uno negocia un tratado, obtiene algunas ventajas y, a cambio de ellas, hace algunas concesiones. La pregunta, pues, no es si el tratado tiene cosas buenas o cosas malas – las tiene. La pregunta es otra: las ventajas que ofrece al país ¿superan las desventajas... o, por el contrario, son mayores las desventajas? Más aún: ¿Hay alguna desventaja inaceptable? Y, por supuesto, tanto las ventajas como las desventajas afectan de distinta forma a diversos sectores del país, y también esa es una discusión urgente: ¿cómo se distribuirán entre nosotros los costos y beneficios del tratado – si este se aprueba? Por supuesto, las mismas preguntas aplican a la decisión de no aprobarlo: ¿tiene más ventajas que desventajas? ¿Quién sufrirá más, quién ganará con la no aprobación? En fin, son algunos de los temas pendientes.

Pero hay un tema aún mayor pendiente, y que no puede verse desligado de la discusión del TLC. Se ha hablado de ‘agenda paralela’ o ‘agenda complementaria’. Para algunos, que se oponen al TLC, esto no es más que ‘confites en el infierno’. Para otros, que lo defienden, la agenda complementaria parece limitarse a repartir algunos recursos de un eventual ‘préstamo híbrido’ con el BID. Ni una ni otra interpretación puede resultarnos satisfactoria. Tendríamos que estar hablando de algo que va mucho más allá del TLC, y me explico.

Una de las características más interesantes del modelo costarricense – si podemos llamarlo así – fue que, por razones históricas, los conflictos y alianzas que marcaron la vida económica, social y política nacional hicieron posible el surgimiento de determinados acuerdos distributivos que, sin ser lo profundos que algunos habríamos querido, al menos permitieron que ‘los frutos del progreso’ se distribuyeran mejor de lo que ocurría en la mayoría de los países de América Latina. Fue así como, por ejemplo, durante la modernización de los años sesenta y setenta, la urbanización, el surgimiento de la industrialización sustitutiva, de algunos nuevos sectores agrícolas, de nuevos negocios y nuevas actividades rentables – y de nuevos grupos empresariales – se vieron acompañados por una ampliación y profundización de muchos servicios sociales, lo que permitió que tanto el bienestar como las oportunidades se distribuyeran más equitativamente. Hubo inversiones para que la electricidad y las telecomunicaciones sirvieran no sólo a las nuevas empresas dinámicas del momento, sino para que llegaran a todo el país, y con tarifas accesibles a cada vez más costarricenses. Hubo esfuerzos por universalizar la educación, ampliando su cobertura – si bien con problemas de calidad – y, sobre todo, llevándola a zonas rurales. Lo mismo ocurrió con la universalización de la salud y la extensión de los servicios de la Caja a todo el país. La red vial, no sólo de carreteras, sino de caminos rurales y vecinales, creció en esos años.

Hoy, eso no está ocurriendo. Luego de la crisis de principios de los ochentas, si bien Costa Rica pudo sortear los principales desequilibrios macroeconómicos, recuperando el crecimiento, promoviendo las exportaciones y generando nuevos sectores de crecimiento, no hemos sido capaces de que, al mismo tiempo, se fortalezcan los instrumentos de inclusión e integración social. Así hemos visto cómo, a pesar del crecimiento y del éxito exportador, se deteriora la distribución del ingreso y se dificulta el acceso a las oportunidades para grandes sectores de la población. Este problema es real, no imaginario, y provoca angustia en mucha gente. Pero no es un problema que se resuelva frenando el crecimiento o cerrándose a los procesos de apertura económica. El punto es que hay distintas formas de crecer, hay distintas formas de abrirse y, sobre todo ¡sobre todo! hay determinados acuerdos internos que resultan determinantes para que el crecimiento y la apertura refuercen las oportunidades internas y la integración nacional... o las debiliten. Y es ahí donde se hace indispensable una agenda que yo llamaría agenda sine qua non: no es una agenda complementaria, no es algo que podamos hacer después.... es un acuerdo nacional que tiene que ser simultáneo y consustancial a la apertura y al TLC, si hemos de aprobarlo. Sin un compromiso nacional, concreto y expresado en acciones bien definidas – que son las que debiéramos estar discutiendo – para que la apertura beneficie a todos, sin eso, el TLC no vale la pena.

Lamentablemente – y ese es el tema de hoy – parece que algunos sectores ven las cosas de otra manera. Aprovechando la genuina preocupación de muchos costarricenses por discutir seriamente el TLC y hasta por construir esa agenda de desarrollo nacional sin la cual el TLC no tendría mayor sentido, han querido montarse sobre esa angustia y canalizarla en otra dirección, una dirección en la que, como dije, ya no importa el TLC, ya no importa ningún tipo de agenda, ni siquiera importa quién gane las elecciones. Lo que importa es provocar el quiebre institucional del país para, en ese río revuelto, intentar convertirse en ganadores... algo que no creen poder lograr por medio de la discusión sincera ni de los procesos democráticos en los que la gente expresa su voluntad. Eso no se vale, y los costarricenses, reconociendo la seriedad de los temas en discusión, no podemos dejar que estos se usen de excusa para deslegitimar la vida democrática, por incompleta que sea e intentar sustituirla ni siquiera por un referéndum – al que también parecen rechazar por el riesgo de que, al igual que en una elección nacional, el pueblo ‘se equivoque’ – sino por una supuesta “democracia de las calles” que, en el fondo, no sería más que una dictadura de unos pocos autodenominados ‘legítimos representantes’ del pueblo... aunque sea a pesar y contra la voluntad de ese pueblo. No, no se vale.