Sub/Versiones – LA NACION, Jueves 26 de Setiembre, 2002

Nos encanta la democracia, pero no queremos pagar por ella. Le regateamos recursos, abrimos portillos para que sean otros quienes la financien y, luego, nos sorprendemos de verla prisionera de quienes la costearon. ¿No es absurdo? Nos molesta tanto dedicarle recursos públicos a la política que, en las pasadas elecciones, los dos candidatos principales renunciaron a la mitad del financiamiento estatal al que tenían derecho. Ah… pero también nos molesta cuando descubrimos el entramado del financiamiento privado que tiene hoy en menudos aprietos a esos mismos candidatos. Las queremos de todas, todas: queremos que la democracia nos salga más barata, que absorba menos financiamiento público, pero también queremos que no se prostituya, que no se privatice, que el resultado de las elecciones no dependa del poder económico y que, quien gane, no gane amarrado a esos intereses.

Todo eso queremos, pero no queremos cerrar la ecuación: ni limitamos legalmente el gasto que los partidos pueden hacer en campaña, ni garantizamos el financiamiento oportuno (es decir, adelantado) de dicho gasto por parte del Estado, ni prohibimos el financiamiento privado a las campañas electorales. Por cómoda omisión, hacemos que la política y la democracia sigan, como en el pasado, prisioneras de la plutocracia: los partidos, y sus múltiples candidatos a regidores, a diputados, a presidentes y, ahora, también a alcaldes, se ven obligados a dedicar gran parte de su esfuerzo, de su tiempo y de su angustia a ‘conseguir más plata’ para ganar las elecciones. Así, terminan reuniéndose con quien sea – desde legales pero interesados mecenas criollos hasta ilegítimos contribuyentes extranjeros – recibiendo sus contribuciones, canalizándolas y ¿cómo no? agradeciéndolas.

Este círculo vicioso debe romperse, no de uno, sino de tres golpes simultáneos. Hay que limitar no tanto lo que los partidos reciben del Estado, sino lo que efectivamente gastan en las campañas electorales. Hay que ponerle un techo a los gastos absurdos, pero eso no basta. También hay que garantizar el financiamiento público adecuado y oportuno para que los costarricenses tengamos acceso equilibrado a toda la oferta electoral: que podamos conocer a los candidatos de todos los partidos y sus correspondientes planteamientos y propuestas. Que todos puedan apelar a las razones y las emociones que nos mueven en una campaña. Pero eso, tampoco basta. Hay que erradicar, de una buena vez, el financiamiento privado a las campañas electorales. Si hay costarricenses que quieren y pueden aportar al financiamiento privado de los procesos democráticos, que lo hagan mediante contribuciones permanentes a los partidos y organizaciones políticas, para que tengamos una sana vida política todo el tiempo… pero no a la hora de las campañas, no a los candidatos, no como ‘pago adelantado’ a los futuros gobernantes.

Eso que peyorativamente llamamos ‘deuda política’ debiera ser entendido como una de nuestras más importantes inversiones. El financiamiento sano, colectivo y transparente de las elecciones, es una inversión en democracia. La política, la democracia, las elecciones, son ‘cosa pública’. Asumamos la responsabilidad, no deleguemos su financiamiento.