Leonardo Garnier Sub/versiones – La Nación, Costa Rica, jueves 13 de octubre, 2005

En una demostración insólita de consenso político, 46 senadores republicanos – incluyendo a su líder Bill Frist –, 43 senadores demócratas y un independiente se unieron la semana pasada en los Washington para aprobar por una imponente mayoría de 90 contra 9 una pequeña pero curiosamente significativa enmienda a una ley de presupuesto que asignaría $440 mil millones de fondos adicionales para el Pentágono. La enmienda es tan de humanitario sentido común que no debiera haber sido siquiera noticia y, sin embargo, su aprobación ha levantado un polvorín.

Propuesta por el Senador Republicano John McCain – quien fuera prisionero de guerra en Viet Nam – la enmienda establece que, en el trato a los prisioneros bajo su custodia, los soldados y tropas estadounidenses deberán cumplir con los procedimientos detallados en el propio Manual de Instrucciones de Campo del Ejército. Simplemente eso: cumplir con lo que manda el manual, un manual que, en concordancia con las normas de la Convención de Ginebra, prohíbe que lo soldados estadounidenses inflijan “un trato cruel, inhumano o degradante” a los prisioneros bajo su custodia. Es un pequeño intento por impedir que hechos tan vergonzosos como los ocurridos en la prisión de Abu Ghraib se sigan repitiendo en Guantánamo, en Afganistán, en Irak o en cualquier otra parte. En dos palabras, la enmienda simplemente prohibiría torturar. Nada más.

La reacción de la Casa Blanca ha sido, para decirlo en forma amable, desvergonzada. El Vicepresidente Cheney visitó personalmente el Senado tratando de evitar que la enmienda llegara a ser aprobada; y Scott McClellan, vocero oficial de la Casa Blanca, no tuvo empacho en afirmar que, de aprobarse, esa enmienda – es decir, prohibir la tortura – “limitaría la capacidad del Presidente como comandante en jefe para llevar a cabo en forma efectiva su guerra contra el terrorismo” y que “restringiría la autoridad del Presidente para proteger efectivamente a los americanos de un ataque terrorista y para llevar a los terroristas ante la justicia”.

“Estemos claros – afirmó, indignado, el editorialista del Washington Post –: con tal de preservar la prerrogativa de someter a los detenidos a un trato cruel, inhumano y degradante, Mr. Bush nos está proponiendo usar el primer veto de su presidencia contra una ley necesaria para financiar operaciones militares en Irak y Afganistán. De hecho –sentencia el editorialista – el Presidente amenaza con declarar ante el mundo la bancarrota moral de su administración”. En efecto, como aquellos emperadores tardíos y ensimismados por el poder y la codicia, el Presidente George W. Bush ha terminado por distanciarse de sus propios Senadores para pregonar altanero – ante un mundo que no acata a reaccionar –: “la justicia, la única justicia, soy yo...”