Esta semana la Conferencia Episcopal anunció su apoyo a la campaña internacional “40 días por la vida” para que el aborto nunca sea legalizado en Costa Rica. Esta misma semana pudimos leer el testimonio desgarrador de Aurora, una de las dos mujeres que llevaron al país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haberles negado la opción de tener un aborto terapéutico.

“Con todo respeto pero con plena convicción de que “la vida humana es inviolable”, instamos al Señor Presidente de la República – dicen los obispos – a no firmar la norma técnica. Bien vale la pena defender a quienes no tienen voz para clamar por su vida”.

“Le dieron una muerte demasiado terrible a mi bebé” – dice Aurora.

Los obispos citan al Papa Francisco: “¿cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio?... ¿Es justo “deshacerse” de una vida humana para resolver un problema?”

El problema de Aurora empezó al recibir un diagnóstico desesperanzador: el bebé que crecía en su vientre no era viable. “El señor del Calderón me dijo ‘si su bebé tiene lo que creo, se va a morir’. Yo le pregunté, ‘¿pero no se puede hacer nada?’ Y me dice que no. ‘¿Qué pasa si se confirma el diagnóstico?’ Me dice, ‘Esperar que se le venga o se muera dentro del vientre’.” Cuando finalmente se resignó a que su bebé no tenía posibilidades de vivir, Aurora pidió un aborto terapéutico, no para “resolver un problema” sino para evitar el sufrimiento de ambos.

Pero no. Su solicitud nunca fue aprobada. Aurora fue condenada a meses de sufrimiento físico y años de sufrimiento psicológico. ¿Por qué?

El artículo 121 de nuestra Constitución es más que claro: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer (...), si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.”

De eso, y no de otra cosa, trata el aborto impune o aborto terapéutico: es un procedimiento que se realiza cuando no hay ninguna otra forma de evitar el peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada. Es la ley. Pero, entonces, ¿qué pasó en el caso de Aurora? ¿o en el de Ana? ¿O en muchos otros casos en los cuales madres en riesgo no tuvieron acceso a un aborto terapéutico?

De acuerdo con la Asociación Acceder, el problema es que “no existen protocolos especializados o guías sanitarias que indiquen al personal de salud cómo llevar a cabo el procedimiento de aborto cuando la vida o la salud física o mental de la mujer se encuentran en riesgo. Tampoco se cuenta con mecanismos judiciales o administrativos efectivos por medio de los cuales se pueda hacer exigible la realización del mismo”.

Así, ante la falta de claridad sobre cómo aplicar el artículo 121 del código penal, hay personal de salud que parece optar por “protegerse” o, peor, de imponer sus propias creencias por encima de los derechos de la mujer embarazada, aunque su vida o su salud corran peligro.

Es por eso que urge la llamada “norma técnica del aborto terapéutico”, no porque en Costa Rica se quiera legalizar el aborto terapéutico – que ya es legal desde hace muchas décadas– sino porque no se hace efectivo aún en casos tan evidentes como los de Aurora y Ana.  

Por eso no son de recibo las principales objeciones a la norma técnica. No se trata de que no se quiera “salvar las dos vidas”, se trata de que no se puede salvar las dos vidas con una certeza razonable. El aborto terapéutico solo aplica cuando no hay otras alternativas, y cuando no se aplica, se condena a la mujer a un sufrimiento inhumano.

Por eso mismo es tan absurdo – y tan indigno – escuchar al arzobispo de Ciudad Quesada, diciendo que  el aborto no es ni terapéutico ni democrático; y haciendo un llamado a las autoridades a no ser cómplices del “crimen del aborto”. 

¿Cuál crimen, monseñor?

Esto nos lleva de vuelta a la incomprensible situación actual: los obispos instan al presidente a que no firme, el presidente dice que sí firmará pero todavía no, que ya casi, pero no. Y así hemos visto pasar ya 21 meses en que el presidente casi firma, pero sigue sin firmar. ¿Por qué?

Para mí, el retraso de la firma no solo ha sido incomprensible, sino perjudicial. En primer lugar, claro, perjudicial para cualquier mujer que haya enfrentado este “problema” – la palabra de los obipos – en estos meses. Pero también perjudicial para el presidente, que enfrenta el descontento de las mujeres porque aún no firma, y de los sectores más conservadores porque va a firmar. Y el descontento crece por partida doble.

A estas alturas, yo creo que el presidente sí va a firmar pero ¿qué va a firmar?

¿Hará lo correcto el presidente, firmando una norma técnica que realmente permita cumplir la ley y hacer efectivo el derecho de las mujeres a un aborto terapéutico, o intentará una vez más quedar bien con ambos bandos, firmando una norma que como que sí, como que no? Y así, claro, quedaría mal con todos.