La semana pasada, miles de estudiantes, docentes y administrativos de nuestras universidades públicas marchamos hacia Casa Presidencial en defensa del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). Este tipo de marchas se ha dado cada vez que parece ponerse en riesgo dicho financiamiento – todavía recuerdo aquella gran marcha en defensa del FEES cuando don Thelmo Vargas era ministro de Hacienda. Y muchos años antes, otras marchas pedían un 6% del presupuesto nacional para las universidades.

Esa defensa del FEES ha sido importante, porque ciertamente ha habido momentos en los que el financiamiento de las universidades públicas estuvo en peligro. Entre 1993 y 2004, por ejemplo, el FEES prácticamente se estancó en términos reales y su participación en el PIB cayó de un 1,1% a apenas un 0,85%, limitando seriamente la capacidad de las universidades púbicas de cumplir con sus metas.

Fue solo a partir del 2004 que el FEES volvió a crecer significativamente en términos reales y como proporción del PIB. En efecto, entre 2004 y 2014 el FEES (incluyendo las transferencias para la recién creada Universidad Técnica Nacional UTN) creció en casi un 160% en términos reales, pasando de ¢152 mil millones a ¢390 mil millones en colones constantes, es decir, se duplicó el financiamiento a las universidades públicas en esos diez años. Si lo vemos en términos del esfuerzo nacional, tenemos que el FEES+UTN pasó de representar un 0,85% del PIB en 2004 a un 1,41% del PIB en 2014, uno de los saltos más importantes del financiamiento universitario del que tengamos memoria. A esto se agregó el préstamo por US$200 millones con el Banco Mundial, que ha financiado importantes inversiones en estas universidades y cuyo pago es asumido por el Gobierno.

En los años más recientes, el financiamiento ha seguido aumentando en términos reales y como proporción del PIB, llegando a representar el 1,51% en 2018, una participación muy lejana al 0,85% de apenas unos quince años antes. Sí preocupa la ausencia de un convenio quinquenal – tal y como se establece en la Constitución – que dé estabilidad a este financiamiento, ya que el último convenio fue el que firmamos en la Comisión de Enlace en 2010, donde se acordó llevar el FEES al 1,5% del PIB (más las transferencias de la UTN). Ese convenio venció en 2015, año a partir del cual el FEES se ha venido negociando año con año, con los riesgos correspondientes.

Pero algo importante ha empezado a cambiar. En el pasado, se marchaba hacia fuera para defender el financiamiento universitario. Hoy, aunque igual se marcha, la marcha empieza a ser también una marcha hacia dentro. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que, sin poner en duda la importancia de defender el FEES, insisten en que eso no basta y plantean la necesidad de abrir una discusión al interior de nuestras universidades públicas sobre el papel que deben jugar para el desarrollo nacional, y sobre el uso y la distribución que estamos haciendo de ese financiamiento.

Una de las primeras voces que se levantaron en este sentido, fue la de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) quienes en octubre del año pasado presentaron la campaña “La U que queremos”, en la Sala de Próceres de la Asamblea Legislativa. Como nos dice hoy Noel Cruz, presidente de la FEUNA: “Hace un año intentamos diferenciarnos, convencidos de que la defensa del presupuesto tiene que ser de la mano de una visión autocrítica de la gestión universitaria y presentamos un documento con diez propuestas de reforma universitaria. Buscando ser propositivos en lugar de reactivos. Hoy vemos cómo de diferentes formas se manifiesta el malestar que tiene la comunidad estudiantil sobre la administración de las universidades. Ese es el reto. Seguiremos obsesionados buscando que la gestión universitaria ponga de primero al estudiante. La universidad necesita mejorar la distribución de los recursos y optimizarlos. Innovar el modelo de regionalización. Actualizar la oferta académica. Atender la condición de interinazgo de muchos docentes en la U.”

También hemos visto voces – y acciones – innovadoras en el TEC, preocupados por aumentar la participación de estudiantes de bajos ingresos a dicha universidad, para lo que han propuesto elevar el costo de matrícula para aquellos estudiantes con capacidad de pago, para dirigir esos recursos al fortalecimiento del sistema de becas.

Del lado de la Universidad Técnica Nacional, su rector Marcelo Prieto fue tajante en declaraciones brindadas en la Asamblea Legislativa: “O las universidades acaban con los privilegios, o los privilegios acaban con la autonomía” – dijo. Y explicaba el efecto perverso que cierto tipo de incentivos tienen para la sostenibilidad financiera de las universidades, como las anualidades y las dedicaciones exclusivas, que se han utilizado de manera poco responsable, en lugar de corregir los inadecuados salarios base que prevalecen en las universidades.

El más reciente informe del Estado de la Educación ha sido también certero en señalar no solo los méritos y el potencial de nuestras universidades, sino también – y sobre todo – sus debilidades para estar a la altura de los retos del desarrollo nacional: insuficiente cobertura, poca diversidad de carreras y faltantes en áreas críticas, desigualdades regionales importantes y, de nuevo, un serio reto de sostenibilidad financiera dados los sistemas de incentivos vigentes.

Este reto de la sostenibilidad financiera – y el riesgo en que el actual sistema de incentivos y remuneraciones coloca a las universidades – no es nuevo: ya cuando negociamos el último convenio quinquenal en 2010, la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) había indicado que, con las reglas vigentes en ese momento, el costo total de la planilla universitaria aumentaba en forma vegetativa al 8% anual real, es decir, 8% más la inflación. Desde entonces todos supimos que eso era insostenible y que, de no impulsar transformaciones importantes, en unos treinta años las universidades necesitaríamos un FEES superior al 5% del PIB... algo fuera de toda proporción, sobre todo cuando tomamos en cuenta que la aspiración de entonces era la de llegar al 1,5% del PIB.

Pero el problema es más de financiero y por eso termino haciendo mías las palabras de la colega Gabriela Arguedas: hoy, “la defensa del FEES debería hacerse adoptando también un posicionamiento político y ético sobre el estado del sistema educativo” y agrego: sobre el sentido mismo de nuestras universidades.

La autonomía tiene como contrapartida la responsabilidad y, hoy, esa responsabilidad nos exige marchar hacia dentro y abrir esta discusión, de manera que podamos transformar una vez más nuestra educación superior, nuestras universidades públicas, para renovar el compromiso con un desarrollo nacional dinámico, inclusivo, sostenible y democrático, para garantizar que se cuente con los recursos para cumplir esa función y, también, para asegurar a la sociedad que esos recursos se están utilizando con la mayor eficiencia y la mayor equidad, desterrando cualquier desperdicio y cualquier privilegio. El reto no puede esperar.