Sub/versiones – LA NACION: Jueves 15 de Agosto, 2002

Zafarse o no zafarse… así pareciera entender su dilema el Ministerio de Hacienda. En el proyecto de Emergencia Fiscal, el Ministerio reconoce que tanto las regulaciones del Servicio Civil como las limitaciones impuestas por su propia Autoridad Presupuestaria, le impiden contar con el personal profesional especializado que requiere para “mejorar la gestión de la recaudación de los impuestos existentes”. Pero, en lugar de proponer mecanismos para corregir esas regulaciones y limitaciones – que no sólo afectan el buen desempeño tributario, sino el de todo el gobierno – lo que el Ministerio de Hacienda nos propone es que dichas restricciones no apliquen al área tributaria: ¡quiere zafarse!

Es fantástico que sea el propio Ministerio de Hacienda el que reconozca que las limitaciones salariales y contractuales que nos hemos impuesto, son inadecuadas para una gestión pública moderna en la que, junto al personal de carrera que garantiza la estabilidad institucional, el gobierno necesita un tipo de personal altamente especializado pero muy flexible. Con las reglas vigentes, sin embargo, es difícil contratar ese tipo de personal: los salarios en el sector público sólo llegan a ser altos cuando uno acumula muchas anualidades, es decir, cuando está ‘viejo’. Contratar buenos profesionales jóvenes – o no tan jóvenes, pero sin ‘anualidades’ – es poco menos que imposible. Y esto es tan cierto en el campo tributario como en el de la gestión de la salud, en el de los tratados comerciales como en el de las políticas de reducción de la pobreza.

A lo largo de los últimos cinco gobiernos, le ‘robamos la vuelta’ al problema, sin enfrentarlo: utilizamos fondos externos para poder contratar esos profesionales de alto nivel técnico y político, sin los cuales un estado moderno no puede funcionar. Lógicamente, esto genera roces, confusiones de roles, duplicaciones, conflictos de poder… y debilita la buena gestión, lo cual es absurdo porque el gobierno necesita de ambos tipos de funcionarios: de carrera y de oportunidad. El diagnóstico, pues, es correcto. La salida de Hacienda, sin embargo, es falaz: ¿qué ganaríamos con resolver el problema en la recolección de impuestos, si no contamos con el tipo de personal que nos garantizaría que el dinero recolectado se gasta con la máxima eficiencia? No es cierto que una función sea más importante que otra: recolectar bien y gastar bien son dos caras de una misma moneda.

Lo que necesitamos es crear una nueva categoría de empleo público que venga a complementar – no a sustituir – al Servicio Civil. Las instituciones públicas necesitan de ambos tipos de funcionarios: aquellos cuya estabilidad se valora y remunera en términos de su carrera administrativa, y aquellos cuya contribución oportuna y transitoria debe ser así entendida y remunerada. Debieran, pues, existir dos regímenes contractuales para estas dos formas – distintas, pero igualmente importantes – de trabajar para el gobierno. Hoy, cuando el zapato le aprieta al Ministerio de Hacienda, puede ser el momento ideal para impulsar esta transformación en nuestro régimen de empleo público. ¡No se nos zafe don Jorge Walter!