Leonardo Garnier

Usted está viviendo en un país extranjero y, una noche, sin motivo alguno, topa con un retén policial. Le preguntan su nombre. Usted se llama –digamos- Francisco Flores. De pronto, sin que usted sepa por qué, lo detienen: le dicen que usted es buscado por la Justicia (así, con mayúscula) por un delito de abuso sexual contra un menor. Usted no entiende nada, nunca ha estado involucrado en ningún problema, mucho menos de abuso sexual. Usted se desconcierta, piensa que todo es una confusión que pronto se aclarará, pero la confusión no tiene fin. Usted protesta, usted dice “ese no soy yo”, usted se desespera de aclarar interminablemente que no, que usted no es el Francisco Flores que buscan. 

Usted tiene razón: el Francisco Flores que había sido condenado por abuso sexual es un hombre de 70 años. Usted tiene 48. No es fácil confundir a un hombre de 48 años con un hombre de 70 años. Usted –como yo- pensaría que es imposible que la policía de un país detenga a un hombre de 48 años por llamarse Francisco Flores, igual que otro Francisco Flores de 70 años condenado por abuso sexual. Pero lo detuvieron, lo apresaron y lo hicieron purgar la condena de otro. Nadie escuchó su protesta, a nadie le importó su reclamo ni nadie se tomó la molestia de indagar algo tan evidente como la confusión de identidad de un hombre de 48 años con otro de 70 años. Pero igual si ambos hubieran tenido 48 años: ¡no se mete a la cárcel a alguien simplemente por llevar un nombre igual a de un condenado!

Francisco Flores es nicaragüense. Estaba viviendo en Costa Rica y fue arrestado el 23 de setiembre de 2013 en un retén policial en Pavas. Su pecado no fue su nombre, su pecado no fue la absurda confusión de identidad: sus 48 años no podían parecer 70 pero, más grave aún –como ha indicado la Sala Constitucional – las fotos ni siquiera coincidían. ¿Habrá sido su pecado ser nicaragüense? No lo sé y no lo sabremos; pero no puedo dejar de pensar si lo mismo habría podido pasar con un ciudadano francés, con un holandés, con un estadounidense que estuvieran viviendo en Costa Rica. No puedo pensar si a un costarricense podría ocurrirle lo mismo: ser enviado a prisión por llevar el mismo nombre de otra persona veinte años mayor y a quien ni en foto se parece. ¿Habrían procedido igual las autoridades, no habrían atendido sus reclamos, habrían sido capaces de enviarlo a la cárcel por una simple coincidencia de nombre? No lo sé, pero me asalta una terrible duda, y me avergüenza.

Las excusas que brindan las autoridades son aún peores que el atropello que cometieron – que debiera, ese sí, ser un delito. El Director de Adaptación Social, Mariano Barrantes, se atreve a decir, sin sonrojarse, que “el 100% de las personas privadas de libertad por el delito de abuso sexual son negadores, entonces no es un hecho significativo”. ¿Se imagina usted? ¿No es un hecho significativo decir “yo no cometí ese delito”? Barrantes agrega que “si él explícitamente menciona que hay error de identidad o que no debe estar recluido, nosotros activamos mecanismos para verificar con el Organismo de Investigación Judicial, pero no fue el caso de él”.

¿No lo fue? La Sala Constitucional dice lo contrario. En su sentencia de este 3 de marzo dice que, “a pesar de que el detenido alegó el error de identidad a todas las autoridades competentes (…) ninguna de las oficinas del Estado encargadas (Adaptación Social, OIJ) verificó los datos elementales de identidad”.

¡Nadie verificó los datos elementales de identidad! ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted preso dieciocho meses en un país extranjero porque las autoridades no se dignaron verificar que usted, con sus 48 años, no era el Francisco Flores de 70 años y apariencia distinta, condenado por abuso sexual contra un menor? ¿Se puede imaginar sus dieciocho meses en prisión?

No tengo palabras, como costarricense, para pedir disculpas a don Francisco Flores. Finalmente quedó libre hace unos pocos días, porque el juez encargado del caso pidió una prueba pericial que –dieciocho meses tarde- confirmó el error. Se ordenó su inmediata liberación. Pocos días después la Sala Constitucional confirmó el error al dictar sentencia favorable a don Francisco, en un recurso de hábeas corpus. La Sala destacó la acción del juez que desfació el entuerto pero expresó su “preocupación por la indiferencia y negligencia de todos los otros funcionarios involucrados en el caso, quienes hicieron oídos sordos de las manifestaciones del tutelado”.

Perdónenos don Francisco, usted no merecía esto. Y en cuanto a nosotros, aquí, en Costa Rica: ¿se hará justicia con quienes por indiferencia y negligencia lo tuvieron preso por dieciocho meses?

(Basado en el reportaje de Huida Miranda, La Nación, 4 de marzo, 2015; foto de La Nación)