Sub/Versiones – LA NACION: Jueves 12 de Setiembre, 2002

Estemos claros: ¡nadie quiere pagar impuestos! Todos exigimos que el Estado y sus instituciones nos den, cada día, más y mejores servicios. Pero ¿pagar por eso? Ah no… yo no. Esta semana hemos podido ver en Costa Rica dos ejemplos distintos – pero igualmente patéticos – de esta actitud que, hace ya un par de milenios, fue justamente reprendida con aquel “…dad al César lo que es del César.”

El desarrollo del turismo en Costa Rica requiere, sin duda, del apoyo estatal. Necesita una red vial de primera; necesita que la electricidad y el agua lleguen a todos los rincones; que los teléfonos funcionen bien; que las playas, los bosques y las calles sean seguras; que el nivel educativo y cultural del país sea tan amplio y atractivo como sus encantos naturales; que la música llene los auditorios y que los museos sean centros de atracción y fuentes de identidad. Pero claro, todo eso cuesta dinero. Por eso resulta absurdo que hoy – con su ministro a la cabeza – los empresarios turísticos pretendan, además, no pagar impuestos. Por más de veinte años, la actividad turística ha recibido variados y jugosos incentivos y ha gozado del apoyo incondicional del estado y la sociedad costarricense. Hoy, es un negocio establecido y rentable. Un buen negocio. Si un sector pujante y dinámico como el turismo no paga los impuestos de los que depende su propia rentabilidad… ¿quién pagará entonces?

Pero no sólo quienes tienen intereses terrenales parecen querer escapar del fisco. También las Iglesias se aprestan a ampliar, en medio de la crisis fiscal, sus privilegios tributarios. Aduciendo que la Católica tiene más privilegios que las otras, los libertarios promueven un proyecto de ley que, en lugar de reducir los privilegios, de manera que todas las Iglesias contribuyan responsablemente a financiar los servicios públicos (que también ellas necesitan y aprovechan) el proyecto las iguala generalizando y ampliando esos privilegios. Y no se trata sólo de exonerar del impuesto territorial de aquellas organizaciones religiosas “que se dedican al culto” sino – y eso es lo más grave – a todas las organizaciones religiosas “sin fines de lucro, legalmente constituidas como asociaciones o fundaciones y debidamente acreditadas en la Cancillería.” ¿Se imagina usted para lo que se presta este nuevo portillo – más bien portón – de evasión? Si todo el que pueda crear una fundación que sea – o parezca – religiosa no tiene que pagar impuestos… ¿quién pagará entonces?

Aquí sólo falta unir cielo y tierra: convirtamos cada casa, cada oficina, cada edificio, cada finca, cada restaurante y cada estadio en sucursal de una gigantesca cadena de turismo celestial sin fines de lucro: empresas de recogimiento, entretenimiento y meditación turístico-religiosa… que así no tendremos que pagar ni el impuesto territorial, ni el de la renta, ni el de importaciones, ni el de ventas y, a la larga, hasta ganamos indulgencias para que el tour final no haga escala en el purgatorio. ¿Y los costos? No se preocupe, los cargamos a la deuda eterna… y ¡salado el César!