Leonardo Garnier

La República, 20/8/92

La política social empieza a ponerse nuevamente de moda. Hace unos años, eran la estabilización y el ajuste los temas que dominaban la literatura, los debates y hasta las conversaciones de los economistas. Hoy, es cada vez más frecuente la referencia a la pobreza, el costo social del ajuste, el rostro humano de la política económica, el gasto social, la salud, la educación, en fin, todos aquellos temas relativos a la calidad de vida y el desarrollo humano. A diferencia del pasado, sin embargo, este redescubrimiento de los objetivos sociales del desarrollo no olvida, sino que parte precisamente del reconocimiento de las limitaciones materiales y financieras que enfrentan las sociedades menos desarrolladas. La discusión actual busca redefinir el sentido de la política social en los tiempos del ajuste o, si se quiere, redefinir los procesos de ajuste a la luz de su verdadero objetivo: el desarrollo social.

En primer lugar –y esto es algo que a los países latinoamericanos les ha costado asimilar—es preciso partir del hecho de que, para ser viable, el desarrollo social al que una sociedad aspira debe encontrar su principal sustento financiero en el propio desarrollo económico de dicha sociedad. En ausencia de recursos externos, es materialmente imposible mantener un proceso constante de mejoras en la calidad de vida, sin un avance paralelo en la capacidad productiva de la sociedad que permita financiar y sustentar dichas mejoras. En segundo lugar --y como contrapartida de lo anterior-- es cada vez más evidente que ese desarrollo económico requiere, a su vez, de un desarrollo social capaz de aportarle los recursos humanos y el entorno cultural e institucional idóneos para su propia consolidación y expansión.

Pero si el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo social, y este a su vez puede constituirse en un importante insumo de dicho crecimiento, la relación entre ambos está lejos de ser automática: no es cualquier tipo de crecimiento económico o cualquier tipo de ventaja comparativa, el que permite un proceso significativo de desarrollo social; ni tampoco basta la mejora en las condiciones de vida de la población para que las fuerzas productivas avancen y se consoliden como el sustento material que dichas mejoras requieren.

Para que esta relación opere hace falta, por un lado, que los agentes económicos reciban las señales correctas: el sistema de precios debe incorporar en forma clara los costos y beneficios del desarrollo social, de manera que las decisiones de inversión y consumo los tomen adecuadamente en cuenta. Por otro lado, la sociedad --y el Estado en particular-- debe crear las condiciones adecuadas y proveer los apoyos necesarios para el uso productivo de las nuevas aptitudes, de manera que el círculo virtuoso entre avance social y crecimiento económico efectivamente se dé.

Así, el consenso que hemos alcanzado sobre la importancia de la apertura económica y la competitividad internacional, debe complementarse con esta visión dinámica del vínculo entre los aspectos sociales y económicos del desarrollo. Michael Porter ha señalado con agudeza el carácter efímero de esas ventajas comparativas que surgen no de la eficiencia y productividad con que se utilizan los recursos productivos, sino del bajo costo unitario de los mismos. En ese tipo de industrias, característico de las naciones menos desarrolladas, los rápidos cambios en las ventajas de costo de los factores atraen continuamente nuevos competidores que empujan las ganancias hacia abajo y mantienen los salarios deprimidos. Es por ello que, como señala Porter, “la expansión de las exportaciones con base en bajos salarios y una moneda débil, al tiempo que la nación importa bienes sofisticados que sus firmas no pueden producir con la productividad suficiente como para competir con rivales externos, puede llevar a un comercio exterior balanceado o en superávit, pero reduce los niveles de vida de la nación”.

Esto debiera dejar claro por qué el trabajo barato y un tipo de cambio ‘favorable’ no son definiciones sensatas de competitividad: de lo que se trata es, precisamente, de poder pagar salarios altos, de contar con un desarrollo social cada vez mayor y seguir siendo competitivos. Así, el gran reto del ajuste estructural no está simplemente en equilibrar las cuentas macroeconómicas sino en hacerlo a niveles satisfactorios de producción, ingresos, inversión y consumo.