El filibusterismo parlamentario: impostura democrática
Leonardo Garnier

Utilizar más de 113 horas de trabajo parlamentario para bloquear la aprobación del impuesto a las sociedades anónimas NO es defender el bolsillo de todos los costarricenses. Más bien, es dejar de defender a los costarricenses cuya seguridad depende de los recursos de ese impuesto. Pero el tema va mucho más allá de este proyecto específico o de un diputado o grupo en particular.
Esta práctica del filibusterismo – utilizada para muy distintos fines y por muy diversos partidos, hasta los que hoy critican esa práctica – consiste en aprovechar el reglamento legislativo pero no para argumentar en contra de un proyecto agregando nuevos análisis o información, no para justificar el voto en contra de algún proyecto – lo que sería completamente legítimo y conveniente – sino simplemente para impedir que un proyecto se vote, para impedir que la mayoría de las y los diputados manifiesten su voluntad votando a favor o en contra de un proyecto.
Esta práctica es completamente absurda desde el punto de vista democrático: impide el genuino ejercicio de la democracia parlamentaria. Más grave aún: como la práctica se ha vuelto de uso común, todos pueden recurrir a ella, hoy para oponerse a un proyecto de un signo ideológico o particular y mañana para oponerse a otro de distinto signo. El resultado no es un mejor proceso legislativo y, mucho menos – como se ha dicho – la defensa de los costarricenses. El resultado es un parlamento paralizado y una sociedad cuyos representantes se ven impedidos de ejercer esa representación.
En dos platos, es un adefesio de ejercicio parlamentario. Ah pero es un adefesio muy útil para algunos (hoy estos, ayer aquellos, mañana los de más allá) y parece que es pensando en “cuándo me va a servir a mí” que no ha sido posible reformar el reglamento legislativo para establecer límites sensatos a la discusión de los proyectos y cerrar los portillos para el tipo de parlamentarismo que en lugar de mejorar la calidad del voto, lo que hace es impedir el voto, impidiendo el ejercicio de la democracia.
Para los ciudadanos, esta modorra parlamentaria no podría resultar más frustrante y es un ejemplo más de esas pequeñas cosas que se van sumando una a otra para profundizar el desencanto de la ciudadanía con la política… cuando sería precisamente la Política (así, con mayúscula) la única capaz de romper con estos absurdos.
No importa si usted está a favor del impuesto a las sociedades o si está en contra: el interés superior de ambos no está en ese proyecto, sino en el proceso parlamentario que hace posible que una sociedad tome decisiones. Los diputados deben discutir razonablemente y luego votar: aprobar o rechazar el proyecto. Utilizar el reglamento para hablar cien o doscientas horas – igual que cuando en otros casos se han agregado miles de mociones a un proyecto – y todo con el fin de impedir el ejercicio del voto, no puede entenderse como un ejercicio democrático sino como su contrario: una impostura de democracia.