Sub/versiones – LA NACIÓN: 27/09/01

Ese tratamiento y esas medicinas que le recetó el doctor... ¿será lo que usted necesita? Esos exámenes... ¿de verdad tiene que hacérselos en el laboratorio que le indicó? Y cuando en la farmacia le dicen que mejor compre esa otra marca... ¿usted cree?

Cualquier estudiante de economía sabe que el mercado sólo funciona bien cuando la demanda es independiente de la oferta, cuando la decisión de comprar algo depende de las necesidades y preferencias de quien lo compra... y no de los intereses de quien lo vende. En salud... nunca estamos seguros.

Si quien nos ausculta es también quien nos cobra por el tratamiento, es claro que puede tener un conflicto de intereses. Más aún cuando el médico o profesional en salud es parte de una red de empresas –un hospital, un laboratorio, casas farmacéuticas—cuyas ganancias dependen de que el médico logre que sus pacientes gasten al máximo en los productos de estas empresas que, cerrando el círculo vicioso, podrían ‘estimular’ al médico para que actúe así.

En efecto, diversos médicos han denunciado que empresas privadas de salud les ofrecen comisiones de hasta un 10% por referirles sus pacientes, y uno de esos empresarios de la salud manifestó, entre cándida y cínicamente, que “el cobro por referir pacientes es un medio de vida en Costa Rica, es una práctica común”. Tan común que hay laboratorios que cuentan dentro de sus socios a médicos que reciben incentivos económicos por los pacientes referidos –o que los premian aunque no sean socios. Hay empresas farmacéuticas que envían desde regalos hasta dinero en efectivo a los médicos en agradecimiento por recetar sus productos. Se dice que estos pagos se dan también en las farmacias, donde los dependientes reciben dinero (push money) por vender esta o aquella marca. Y vemos como normal, y hasta encomiable, que sean también estas empresas las que financian gran parte de los congresos y seminarios mediante los cuales los profesionales de salud se mantienen actualizados. Actualizados... y agradecidos. ¿Y el conflicto de intereses?

Esto sólo puede enfrentarse combinando ética y derechos. La ética debe contar con herramientas que garanticen que los profesionales de salud antepongan las necesidades de sus pacientes a cualquier otra consideración. Los derechos de los pacientes requieren un sistema institucional de seguridad social que separe el ingreso de los profesionales, instituciones y empresas que prestan servicios de salud del pago por parte de los pacientes que necesitan esos servicios: hay que separar la oferta de la demanda.

Se necesitan ambos: ética y derechos. Cuando uno falta... el otro flaquea y se abren los portillos, como cuando médicos que trabajan para la CCSS reciben comisiones por referir a sus pacientes a determinados servicios privados, a costa del seguro social. Peor aún si la ética y las instituciones fallan coordinadamente, como habría sido el caso si decisiones de inversión pública se hubieran postergado en aras de fomentar esta mercantilización de la salud. Como que la receta para este mal necesita algo más –una ciudadanía informada y activa—para que la ética y los derechos prevalezcan.